La polémica sobre el Canon Digital sigue provocando ríos de tinta casi diez años después de que el ejecutivo de Rodríguez Zapatero reformara la Ley 22/1987 y el Real Decreto Legislativo 1/1996 sobre Propiedad intelectual y Derechos de autor por el que se establecía una tasa aplicada a diversos medios de grabación (léase CDs, DVDs…etc.) cuya recaudación iba destinada a autores, editores, productores y artistas asociados a alguna gestora en compensación por las cópias que se hacen de sus trabajos en el ámbito privado.
No al canon digital.
El revuelo creado entonces surgía a partir de imponer una tasa a estos medios de grabación (grabadoras, MP3, discos regrabables, escáneres…) que los fabricantes incluían en los precios finales de sus productos y que acababa pagando, en consecuencia, todo hijo de vecino independientemente del uso que hacían de ellos: si comprabas un CD para grabar las vacaciones en Benidorm, acababas pagando 0.17€ por el soporte más 3,40€ de la grabadora en concepto de Canon Digital.
«Los poderes públicos promoverán y tutelarán el acceso a la cultura, a la que todos tienen derecho». -Art. 44/1 de la Constitución Española-
Para rizar aun más el rizo llegó el PP y cambió el modo de «retribuir el daño»: directamente sustituyó el tradicional Canon Digital por un impuesto en forma de subvención a cargo de los Presupuestos Generales. Dicho cambio fue sustancial: ya no pagaba quienes compraran cualquier medio de grabación o soporte sino que se destinaba una parte del dinero público que pagamos todos (literal) a tal efecto. Todo muy de sentido común como veis.
En 2013, el Real Decreto del PP fue llevado a los tribunales, concretamente al Tribunal Superior, que trasladó la duda al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el cual dictaminó en Junio que este «chocaba con la normativa europea». De vuelta a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del alto tribunal, finalmente ha quedado anulado por «carecer de fundamento legal» y se ordena la inaplicación del mismo.
A fin de cuentas volvemos estar en la misma situación que al principio y continúa el tira y afloja hasta que se establezca un sistema que contente a ambas partes afectadas. La norma existente, ahora anulada e inaplicable, deberá ser nuevamente modificada volviendo, suponemos, al Canon Digital tradicional, ese que nos convierte en piratas en potencia. Veremos cómo el PP y Cuidadanos llevan a cabo esa reforma de la Ley de Propiedad Intelectual y Derechos de Autor según consta en el punto 91 de su pacto de investidura. Mientras tanto, para cuando los políticos hayan conseguido ponerse de acuerdo, la tecnología habrá dado otro salto hacia delante y su ineptitud seguirá siendo el mayor problema.
